miércoles, 28 de agosto de 2013

Teoría Clásica: Mercados Eficientes, Paseo Aleatorio y No Predictibilidad.

La teoría económica clásica plantea una tesis compuesta por los siguientes puntos:

1. Las personas o agentes económicos actúan de manera racional.

2. Su comportamiento racional persigue el objetivo del propio beneficio económico y de la plena satisfacción en el consumo.

3. Como su conducta es racional, aprovechan toda la información disponible, si bien la buscan en función de costes y beneficios esperados de tal información.

4. La agregación de todos estos comportamientos racionales lleva  al equilibrio en los mercados económicos.

5. El equilibrio se da en el óptimo: la suma de todos los esfuerzos lleva a la mejor posición social / económica posible.

6. La evolución futura de los mercados será aleatoria. Es decir, no puede preverse racionalmente cuál será la próxima posición de cantidades y precios, ya que si se pudiese predecir de esta forma, todos los agentes económicos sacarían partido de esa información y el futuro sería ya presente. Es decir, nadie puede sacar ventajas a partir del intento de predecir la futura evolución del mercado, pues toda la información ha sido ya incorporada.

A partir de estas premisas, pueden construirse múltiples modelos matemáticos. Todos ellos deben de prohibir la predicción racional del futuro, si bien pueden plantear un valor probable.

El problema es que existe un valor probable para t+1, pero esa información de probabilidad se va perdiendo hacia el futuro. La capacidad de saber qué pasará es muy débil o nula.

Lo explico con el modelo más utilizado por esta corriente de pensamiento: el paseo aleatorio (random walk). La economía se comportaría como un borracho que va andando. A partir de su posición actual, comienza a dar tumbos y no podemos predecir dónde acabará después de un tiempo. No obstante, a medida que avanza sabemos las posiciones más probables en el futuro, y las menos probables. Pero, como va a seguir dando tumbos, finalmente puede ocupar cualquier posición con igual probabilidad.

a plot of
1000 steps in random direction

Xt = Xt-1 + ut

El valor en el tiempo t es igual al valor en el tiempo t-1 más un valor aleatorio (o ruido blanco).

Una de las tesis centrales del keynesianismo es que esto es una descripción errónea de la economía. ¿los ciclos económicos y la existencia de situaciones prolongadas de desempleo no son una demostración de que los mercados no siempre (más bien casi nunca) se equilibran en posiciones óptimas?. Sobre esto escribiré en mis próximas reflexiones.

Pero quiero ahora simplemente añadir una reflexión. Popper afirmaba que el valor de la ciencia se circunscribe a la predicción: todo es explicable pero la ciencia debe darnos afirmaciones que puedan ser falsadas en el futuro.

De ahí que esta descripción de la economía me parezca dudosamente científica: si todo es posible, ¿cómo puedo saber que las afirmaciones científicas son o no verdaderas?. Prefiero una ciencia que prediga y así nos permita saber si lo que afirma es verdadero o falso.


martes, 6 de agosto de 2013

Una reforma local contra el federalismo y la democracia.

¿Cómo ataca la reforma local al federalismo fiscal y a la democracia?.

Ignacio Escañuela Romana.
6 de agosto de 2013.

El consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de reforma local que va a Congreso y Senado. Su nombre: "Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".

Hay dos cuestiones clave en toda la normativa que rige a los ayuntamientos y su gestión:

1ª ¿Qué competencias poseen?.

2ª ¿Cómo se controla, si es necesario, la gestión de estas competencias?.

Comienzo con el primer problema: competencias.  ¿Qué materias deben ser lógicamente competencias de los ayuntamientos?. ¿Qué garantías deben existir de que estos poderes no les serán retirados por otras administraciones públicas?.

La teoría del federalismo fiscal es clara: los ayuntamientos (y otras entidades locales) existen porque en el ámbito local es posible desarrollar decisiones y formas de gestión más directas, que expresen mucho mejor las preferencias de los ciudadanos/as a los que van dirigidas. El vecino de un pueblo puede expresar su opinión directamente al alcalde, o a los grupos políticos, o al pleno, y puede organizar con mucha mayor efectividad un grupo y una opinión pública para la defensa de una serie de políticas públicas. Su capacidad para expresar su voz y defenderla, para ejercer presión en la opinión, para hacer valer sus derechos, es mucho más efectiva y mayor. No depende sólo del momento del voto, sino que es más constante y democrática. Es simplemente incomparable con la capacidad que tienen los ciudadanos de orientar las políticas nacionales o autonómicas.

Las políticas locales deben orientarse, por lo tanto, en ámbitos competenciales que reúnan dos condiciones:

- Los objetivos que se propongan puedan ser logrados mediante la capacidad presupuestaria y de gestión de un ayuntamiento.

- Son políticas que se limitan al ámbito local. Por ejemplo, la política nacional de regadíos, o la de subvenciones agrícolas, imponen una serie de principios y actuaciones al ámbito local, que éste no puede cambiar.

Esta reforma divide las competencias de los ayuntamientos (y otras entidades) en tres conjuntos: propias, delegadas por otras administraciones públicas, impropias.

No me preocupan las impropias, que efectivamente deben de depender de la capacidad presupuestaria del ayuntamiento, una vez todo el resto haya sido correctamente financiado y asegurado.

Sí son preocupantes las competencias delegadas, que afectan a áreas esenciales como el control medioambiental, la protección del medio natural, los servicios sociales y protección a las situaciones de maltrato, etc. Hablamos de derechos constitucionalmente tan importante, que la ley de reforma ya debería tener prevista la obligatoriedad del ejercicio efectivo de políticas públicas de protección. Como sólo los ayuntamientos son capaces de conocer y adecuar las políticas para los ciudadanos/as de sus municipios, está claro que todo el sistema tendrá que pasar por ellos. El abandono de una cláusula de obligación, de garantía de derechos, deja claro que la reforma sólo se preocupa por financiación y eficiencia, no por lo importante, los derechos humanos.

Y el tratamiento de las competencias propias tiene como objetivo que no sean, en gran parte locales.

En efecto, las competencias propias resultan no ser tan propias. Porque a los ayuntamiento se les priva de cualquier capacidad de gestión y decisión en temas vitales para la pequeñas poblaciones. La reforma lo deja claro:

Son las diputaciones provinciales las que realmente deciden si quieren ejercer las competencias de recogida de residuos, ¡limpieza viaria!, suministro agua potable, ¡acceso a los núcleos de población!, ¡pavimentación de las vías!, tratamiento de residuos. Porque sólo si diputación certifica que el coste efectivo de los servicios municipales es menor que el que tendría ella, se les permitirá a los ayuntamientos ejercer tales servicios básicos. Por cierto, este sistema se impone para las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, sin que sea importante aparentemente los costes de las políticas de los pueblos y ciudades por encima de ese tamaño.

Como economista tengo claro que cuantificar los costes efectivos municipales y compararlos con los teóricos de las diputaciones es simplemente un disparate. No podemos comparar la calidad del servicio, las características de cada municipio en orografía y dispersión, los metros de calles que precisan reparaciones, la respuesta al desempleo local, y un largo etcétera. En realidad se trata de una intervención provincial que priva a los pueblos de su autonomía de manera injustificada, destruyendo todo el federalismo fiscal.

Por lo que el gobierno de Madrid lo que persigue es acabar con la autonomía local, eliminando la posibilidad de que sean los ciudadanos/as de cada municipio los que decidan sobre políticas tan básicas como el mantenimiento, reparación e inversión del acerado y pavimentación.

En definitiva, como conclusión destaco varios puntos de esta reforma local:

1. Acaba con el federalismo fiscal al privar a los ciudadanos/as de poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la capacidad de decidir.

2. Destruye la democracia local, ya que son precisamente las elecciones, y no las diputaciones con ayuda del ministerio, quienes deberían decidir si los servicios públicos se han prestado de acuerdo con las preferencias de los ciudadanos/as, tanto en objetivos, como en calidad de la gestión.

3. Olvida que las administraciones públicas son, ante todo, garantes de derechos humanos. Las consideraciones de sostenibilidad financiera, eficiencia y no duplicidad son esenciales, pero siempre secundarias a los derechos.

4. Clasifica a los ciudadanos/as en segunda y primera categoría. ¿Cómo, si no , entender que en pueblos de menos de 5000 habitantes no es obligatorio que haya un parque público o una biblioteca?.

5. Potencia a ese curiosos organismo administrativo que son las diputaciones, que no son elegidas directamente por nadie, no son nada eficientes y cuyo control por los ciudadanos/as es casi nulo.

6. Finalmente, intenta convertir a los ayuntamientos en instancias administrativas, en correas de transmisión de las políticas centrales y autonómicas, y no en núcleos de democracia y autodecisión.